La UCO investiga a Armengol por adjudicar 10,4 millones a una empresa que pagó mordidas a Ábalos y Cerdán

La sombra de la trama corrupta del PSOE se extiende sobre Francina Armengol. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga cómo Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), una empresa valenciana que pagaba una «pensión» mensual a José Luis Ábalos de 2.600 euros, se hizo con el contrato más jugoso de la sanidad balear: 10,4 millones de euros para construir una residencia para mayores en Son Dureta.

El negocio se cerró en febrero de 2022. Levantina se impuso a las ofertas de OHL, Tecopsa y la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Aitana y Alcudia. La adjudicación coincidió sospechosamente con un viaje de José Ruz, el dueño de la constructora, a Las Palmas de Gran Canaria para reunirse con Koldo García, justo después de que su empresa también se llevara la reforma del Edificio Royal para la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria por valor de seis millones de euros. Un año y medio después, la constructora se declaró en quiebra, abandonó las obras y dejó a la administración balear con un proyecto a medias que tuvo que volver a licitar.

La residencia de Son Dureta, que comenzó a construirse en marzo de 2022 sobre un solar de 5.900 metros cuadrados entre el viejo hospital y la antigua sede del 112, prometía ser la joya de las políticas sociales de Armengol: un edificio de tres plantas con 120 plazas públicas para mayores dependientes en la urbanización de sa Teulera.

Durante la etapa de Ábalos en el Ministerio, Levantina acumuló contratos por valor de 125 millones de euros, la mayoría en unión temporal con otras constructoras. Pero fue en Baleares, gobernada entonces por los socialistas, donde la empresa encontró su particular filón: además del millonario contrato del geriátrico, se hizo con cuatro obras menores, entre ellas, la construcción de un puente para Servicios Ferroviarios de Mallorca por valor de 77.000 euros.

La investigación de la UCO va más allá de Levantina y Baleares. Los agentes han detectado un patrón inquietante: la empresa abandonó obras millonarias con el mismo modus operandi en múltiples comunidades autónomas. Además de Son Dureta, dejó colgados la reforma de la sede de la Agencia Tributaria Canaria, el aulario de Primaria del colegio Ana María Navales de Zaragoza y los accesos al Centro Hospitalario de Lepe en Huelva. Siempre el mismo guion: adjudicación, inicio de obras y abandono repentino.

Los investigadores de la UCO han descubierto que José Ruz, el empresario al frente de Levantina, mantenía una relación tan estrecha con Koldo García que utilizaban teléfonos desechables y nombres en clave para hablar de sus negocios. Una precaución que no impidió a los agentes documentar los pagos mensuales de 2.600 euros que Ruz hacía llegar religiosamente a Ábalos y su asesor, incluso después de que ambos abandonaran el Ministerio de Transportes.